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Son estos días adecuados para parir ideas, o cuanto menos para pensarlas, no podemos agachar la cabeza y actuar como si aquí no pasara nada. Sí ha pasado. Ha pasado algo malo que se ha introducido en nuestras vidas (los que la conservamos, de momento) a una velocidad y con una gravedad sin precedentes. Sufrimos un vendaval esférico de desgobierno al que desde nuestras casas a duras penas podemos defendernos, más allá de cuatro caceroladas y cuarenta aplausos.

Y en estos días en casa se oye de fondo un rumor, y ese rumor es que van a subir impuestos. Una barbaridad para mis oídos. Y también para los de cualquiera. Cuando correteaba por la calle bien pequeño y con cierta libertad los españoles votamos la Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico. En ella encontramos que todos nosotros debemos pagar con arreglo a nuestra capacidad económica. Y estamos de acuerdo. A mayor capacidad económica, que se pague más. Correcto.

Me encuentro escribiendo este artículo habiendo transcurrido ya un mes desde que se iniciase el confinamiento de todos los españoles como medida de contención frente al avance del coronavirus. Queramos o no, el tiempo siempre pasa, teóricamente siempre nos han dicho que no hay nada que el tiempo no cure. Y con el tiempo, se van sucediendo las medidas de toda índole que supuestamente van encaminadas a frenar las consecuencias negativas provocadas por el Covid-19.

Me resulta imposible tratar otro asunto que no esté estrictamente relacionado con esta pandemia. Perece, que el resto de asuntos tributarios que solemos tratar en estos foros han quedado en un segundo plano. El Covid-19 lo acapara todo, por lo que me voy a permitir realizar una breve reflexión sobre las medidas tributarias de urgencia que se están adoptando.

Un par de días antes de decretarse el estado de alarma (que extraña e indebidamente se anunció un día antes de decretarse) tuve la suerte de compartir una hora y media con compañeros de clase de mi hija Lucía en el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Valencia. Nos invitaron a varios padres (y madres, como parece que hay que decir ahora) a charlar con ellos y contarles algunos aspectos de nuestra vida profesional. Fue un tiempo muy agradable en el que ves el reflejo tuyo hace treinta años. Ciertas dudas sobre si acertaré en la carrera que escoja, si será lo que más feliz me haga en mis horas de trabajo y cuestiones que todos nos hemos planteado en algún momento de nuestras vidas.

Hoy seguro que muchos de ellos están reflexionando sobre lo que es la vida en este momento tan duro que nos toca vivir. Ahora son estudiantes en confinamiento, una especie que en España no habíamos visto hasta este mes de marzo de 2020. Un aislamiento de todo punto necesario para tener un futuro, que con las ganas que vimos estoy seguro es prometedor. Porque todo pasa y todo llega, y su momento llegará.

El pasado 23 de octubre de 2019 se aprobó la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

El objeto de esta norma es la obtención de información sobre el incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario por parte de las organizaciones públicas y privadas, siendo la fuente de tales denuncias las propias personas que trabajan para la organización.

La Directiva pone el foco de atención en los trabajadores de las organizaciones ya que éstos suelen ser las primeras personas que tienen conocimiento de la comisión de irregularidades.

Hace unos días, el 13 de enero nos dejaba Juan Miguel Peraire, excelente fiscalista y mejor persona. Tuve la fortuna de compartir desde la infancia su vida. Y casualidades del destino, hace unos días nos notificaban esta resolución del TEAR del 7 P) cuyo comentario hoy le dedico con mi mayor admiración y respeto a un maestro en la materia.

La p) es un apartado de las rentas exentas que prevé la ley del IRPF en su artículo 7.

Para mí hoy es la p) de Pilar, su viuda, la p) de Pilar su tercera hija que tanto nos gusta a los Carlos y la p) de Peraire.

Vamos a ello.

El pasado 30 de octubre de 2019, se publicó el Convenio firmado entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Dirección General de Ordenación del Juego para el intercambio de información.

El objetivo del Convenio, tal y como reza su cláusula primera, es el de «establecer un marco general de colaboración sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe regir el intercambio de información entre la Agencia Tributaria y la Dirección General de Ordenación del Juego que preserve en todo caso los derechos de las personas a que se refiera la información».